La
reforma del actual régimen de los trabajadores para la prestación
de los servicios portuarios de manipulación de mercancías,
recientemente planteada por el Gobierno a través del Real
Decreto-ley 4/2017, en idénticos o parecidos términos a los de la
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la unión Europea
(TJUE) el 11 de diciembre de 2014, reabre un viejo enfrentamiento que
parece no tener fin, el del mundo sindical con el mundo legal.
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