A
pesar de que la Ley 12 / 2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, entró en vigor
el 3 de enero de 2014, algunas de sus regulaciones, como la que
afecta, por ejemplo, a los contratos alimentarios, sigue siendo
objeto todavía de una viva controversia
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